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La historia de una fueguina que se hizo un aborto y tuvo 6 años una causa penal

La habitación de la vivienda de ese barrio populoso de Ushuaia era fría y oscura. En el medio de la pieza había una camilla en la que Natalia se acostó. «Relajate, quédate tranquila y no te mueves», le dijo la mujer que minutos después le puso una sonda para hacerle un aborto clandestino. Natalia tenía […]

La habitación de la vivienda de ese barrio populoso de Ushuaia era fría y oscura. En el medio de la pieza había una camilla en la que Natalia se acostó. «Relajate, quédate tranquila y no te mueves», le dijo la mujer que minutos después le puso una sonda para hacerle un aborto clandestino. Natalia tenía 28 años y un mes de embarazo. Un embarazo producto de una violación de su pareja y que no quería continuar. «El me maltrataba. Hacía poco tiempo había logrado separarme y no quería seguir atada a él», recuerda Natalia sobre su decisión.

Pero el aborto era el comienzo. Después vino la criminalización con una causa judicial en la que fue procesada y enviada a juicio oral con un pedido de condena de un año de prisión. «Tuve más miedo con la causa judicial que con el aborto», resumió Natalia la pesadilla judicial que vivió durante seis años y que le contó a Infobae.

«Ahora puedo hablar mejor y lo hago si sirve para ayudar a otras mujeres a no sufrir esto pero antes no podía hablar, era un mar de lágrimas. Fueron seis años en los que todo el mundo podía estar señalándome y en los que perdí trabajos por la causa», recuerda y espera que el próximo miércoles el Senado de la Nación apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Natalia es madre de tres hijas y hoy tiene 36 años. Estuvo casada con un hombre que ejercía violencia sobre ella. «El nos maltrataba física, psicológica y económicamente a mí y a mis hijas. Nos amenazaba, nos seguía en la calle y lo siguió haciendo durante varios años. Al poco tiempo que logré separarme me enteré que estaba embarazada. Fue porque él me forzó a tener relaciones», recuerda Natalia. «No quería seguir atada a él y decidí hacerme un aborto».

Era agosto de 2010 y viajó desde Río Grande hasta Ushuaia para hacerse el aborto. La acompañó una amiga hasta un edificio del barrio «640 viviendas». Le pagó poco más de tres mil pesos a una mujer, que no era médica y que también fue investigada pero se suicidó, para que se lo haga.

Como la mayoría de estas prácticas clandestinas iba a tener consecuencias. Natalia sufrió una infección y dolores. «No me sentía bien». Se hizo una ecografía en una clínica privada donde le informaron que no se había extraído la totalidad del feto. Luego se atendió en un hospital público donde le hicieron un degrado –una práctica médica para extraer el contenido del útero- y le dijeron que en realidad el embarazo lo había perdido poco tiempo antes del aborto. «Me trataron muy mal. Me quería bañar, me sentí sucia, tenía muchos miedos juntos». Hay muchas cosas que Natalia no recuerda. «Las borré de mi mente porque si no, no podes seguir».

Poco menos de un mes después, Natalia iba a comenzar a ser investigada por la justicia. Fue en una causa penal por el homicidio de un artista plástico. A través de escuchas telefónicas se supo que una mujer realizaba abortos clandestinos y ahí surgió el nombre de Natalia.

 

Solange Verón, una de las abogadas que logró la absolución de Natalia

 

«Me llegó la citación y fui a tribunales. La causa era una terrible carpeta con una cantidad de hojas y hojas. Primero quedo como dormida porque no había pruebas. Pero en 2012 una fiscal la retoma. Ahí vuelve a agarrarme la desesperación. ¿Por qué vuelven a criminalizarme?», se sigue preguntando al día de hoy.

Natalia primero tuvo defensa oficial. «Me designan a un defensor oficial que nunca vi en mi vida. Hablaba con el secretario que me insultó, me basureaba, me juzgaba por lo que había hecho. No entendí porque me trababa así».

El aborto que se hizo Natalia está contemplado en el Código Penal desde 1921 y no es delito. En su artículo 86, el Código establece que el aborto no es punible cuando el embarazo fue producto de una violación. «No lo sabía ni tampoco me lo dijeron. En la defensoría me dijeron ´ahora vas a tener que bancarte lo que viene´».

Para investigar el aborto de Natalia, la jueza María Cristina Barrionuevo envió oficios a todos los hospitales a los que preguntó si habían atendido su caso. En el que estuvo María contestaron que sí y los médicos declararon en la causa.

Fue un proceso largo, con los tiempos de la justicia argentina a los que las personas investigadas se tienen que acomodar. Ellas y sus vidas.

La jueza citó a Natalia a indagatoria. «Cuando tenía que declarar el defensor me dijo que podía no hacerlo y le pregunté si eso me podía perjudicar y me dijo que no. No declaré». La magistrada la procesó por el delito de aborto. El caso pasó a juicio oral y en esa instancia el fiscal Nicolás Arias pidió que Natalia sea condenada un año de prisión en suspenso.

«Ahí empezó una especie de calvario», dice Natalia con la voz quebrada por el recuerdo. «Era no dormir, de estar todo el día perseguida, sentía que la policía me seguida, venían seguido a mi casa a darme citaciones, tenía miedo de hablar con la gente y la pasé sola. Perdes la seguridad de salir y buscar un trabajo, de que te juzguen sin conocer tu vida». Cuando la causa se reinició tuvo que ir a la Policía de Tierra del Fuego a que le tomen las huellas dactilares. Le dijeron que era por si se escapaba de la provincia.

«Empecé a buscar otra salida». Se puso en contacto con «La Hoguera», una organización feminista de la provincia que trabaja en casos de maltratos y denuncias a mujeres que se realizaron abortos. Las abogadas Solange Verón y Luciana Sánchez tomaron en 2015 su defensa. «Le dije a Solange que le entregaba mi vida y la de mis hijas. Mi miedo era perder a ellas».

Natalia también sumó el apoyo de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional que la acompañaron en el expediente. La causa ya estaba en etapa de juicio pero su nueva defensa cambió la estrategia.

Plantearon que el expediente era nulo porque a Natalia se le vulneraron todos sus derechos e intimidad al criminalizar un caso que se había dado en un contexto de violencia de género. Que los médicos violaron su obligación de secreto profesional al contar el caso y las abogadas señalaron que la ley, a través del Código Penal, estaba de su lado porque no castigaba los abortos por una violación.

También hicieron referencia al fallo «FAL» que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en marzo de 2012 en el que sostuvo que la sola declaración de la mujer de que su embarazo fue por una violación alcanza para que el Estado le garantice el acceso a un aborto seguro. Y sumaron que en agosto de 2012, Tierra del Fuego adhirió a la Guía Técnica para Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, aunque la mayoría de sus médicos eran objetores de conciencia.

«Nótese que en el caso de la acusada no existió para el caso del aborto no punible en orden a un embarazo forzado y en el marco de violencia de género, ningún servicio disponible, accesible, adaptado y de calidad, que garantizara la realización de tal aborto. Sumado a la condición social de la acusada, que por la falta de recursos económicos, se encontraba múltiplemente discriminada, poniendo en riesgo el derecho a la vida y a su salud integral», planteó la defensa y agregó que toda la prueba que se hizo en la causa «viola las garantías de privacidad en el marco de la atención post- aborto, y demás garantías de derechos sexuales y reproductivos, así como también el derecho a la autonomía, a la no autoincriminación, etc.».

Si los derechos de Natalia no alcanzaban para exculparla del caso, sus abogadas también señalaron que no había prueba para condenarla porque una pericia del Cuerpo Médico Forense concluyó que el feto estaba muerto dos días antes de que se hiciera el aborto. Por lo tanto, no hubo aborto.

«Con Sol (NdA: una de sus abogadas) fuimos a una declaración al Tribunal Oral y si te soy sincera no me acuerdo nada de lo que pasó. Me acuerdo que entré, estaban los jueces y no me acuerdo lo que dijeron. Sí que querían hacerlo público y yo no quería y las chicas de La Hoguera lograron que no», recuerda Natalia.

La audiencia fue porque la Fiscalía propuso omitir el debate oral y pasar directamente al veredicto. Fue por pedido de las abogadas de Natalia que querían que el caso no se haga público para no exponerla públicamente (por eso su apellido y su cara no están en esta nota) por la estigmatización que eso iba a significar.

Finalmente llegó la resolución del Tribunal Oral. En mayo de 2016, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Guillermo González y Maximiliano García Arpón absolvieron a Natalia. No lo hicieron porque el Código Penal contemplaba su derecho o porque se habían violado sus garantías. Fue porque el feto estaba sin vida al momento del aborto y que por lo tanto no hubo delito.

«Cuando terminó todo no reaccionaba de que podía vivir libre. Es hoy que tengo que ir a sacar el certificado laboral pero tengo miedo que me digan que no, aunque mi abogada me diga que puedo hacerlo sin problema».

Pero todo no iba a terminar. En marzo de 2017 a Natalia le llegó una intimación de pago y embargo. La justicia le reclamaba seis mil pesos de los honorarios de los defensores oficiales. Sus abogadas se opusieron e hicieron presentaciones. Finalmente no tuvo que abonar ese dinero.

Por la causa penal Natalia se quedó sin trabajo y hoy sigue sin tenerlo. Ella trabajaba en una fábrica y su jefe supo de la investigación y en 2011 la echó. Consiguió otro empleo pero le pedían un certificado de antecedentes y como tenía la causa, no lo obtuvo. «No conseguí más trabajo porque en casi todos piden certificado de antecedentes». Natalia hoy hace costuras en su casa, recibe la bolsa de comida que da el Municipio y ayuda económica de algunos amigos. Además, está con un proyecto personal en el que pone sus esperanzas.

-¿Qué fue lo que más te molestó de la justicia?, le preguntó Infobae

–La falta de atención y comprensión. La falta de mujeres que entiendan y acompañen a las mujeres. No puede ser que siempre tenga que hablar con un hombre que no entienden sobre el cuerpo de la mujer y no le importa a nadie. No puede ser que no haya un acompañamiento.

«El aborto fue una situación de miedo a que la sociedad te juzgue constantemente. Con la causa corres más riesgos porque podés perder tu libertad, tu familia. Mi miedo era perder mis hijas. Me dio más miedo la causa judicial que el aborto. El aborto es una decisión que tomas. A veces el miedo te lleva a tomar esas decisiones. Es una decisión que decidís por vos mismo. La causa es la persecución, es la locura. La causa te genera mucho daño psicológico», cuenta.

Natalia siempre estuvo a favor de la despenalización del aborto, de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Y espera que el miércoles el Senado lo haga ley: «Cuando dos personas hacen un hijo y el hombre desaparece, ¿no está haciendo un aborto? Y la justicia no juzga al hombre como a la mujer».

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