La mujer, a quien El Sureño llamará G.A. para preservar la identidad de sus hijos, concurrió en marzo, a denunciar malos tratos de parte de su expareja. Hoy, está excluida de su hogar, que tiene cámaras de vigilancia instaladas por sus exsuegros. Ella no puede trabajar debido a su estado psicológico, y pese a múltiples pericias, el Juzgado N°1 de Minoridad y familia, no acciona.
“Mi expareja es policía, y lo cubren y lo ayudan mucho. Cada vez que yo iba a la Comisaría, le pasaban información de todo lo que yo iba a denunciar”, afirmó A.G.
La primera vez que fue a denunciar a su expareja, A.G. se encontró con que a las pocas horas, él lo sabía, y comenzó a tomar represalias: “Me acuerdo que fue un día sábado, en el mes de marzo. A mí encima me costó un montón hacer la denuncia, fui dos veces, y no me animé a entrar. Pero lo peor es que él, al otro día va y hace una denuncia diciendo que yo justamente había ejercido violencia contra él. Presentó un certificado médico, trucho obviamente, con fecha de hace dos meses, porque yo tampoco lo había denunciado en seguida. Yo tenía miedo, porque él a mí me amenazaba. La violencia era más que nada psicológica, él me decía que si yo lo denunciaba él me iba a arruinar la carrera”, relató.
Fue su hermana quien, la convenció y se la llevó de su propia casa junto a los dos niños. Lugar en el que, hasta el día de hoy está. A.G. vivía junto a su expareja porque la vivienda tenía dos plantas y utilizaban los pisos de forma separada: “Yo vivía arriba con los nenes, y él vivía abajo. Nosotros estábamos ya separados, y él no se quiso ir de la casa. Entonces, yo busqué un alquiler para irme a con los nenes, pero él me dijo que me quedara. Que la casa era de los dos. Obviamente esa especie de convivencia no resultó porque él me perseguía todo el tiempo, se me aparecía en mi lugar de trabajo, o no me creía que yo iba al médico cuando tenía un turno. Todo esto, ya estando separados”, contó A.G.
Fue luego de un episodio específico, que A.G. decidió hacer una exposición en la Comisaría por el estado insostenible de la convivencia; pero al relatar todo lo que le había sucedido, el mismo oficial le dijo que estaba obligado a tomarle una denuncia, porque los hechos eran muy graves para una exposición: “Ahí comienza todo -reconoció la mujer-. El día domingo, antes de que lo notifiquen desde el Juzgado, él ya me había hecho la otra denuncia. ¿Y cómo se enteró, que yo lo había denunciado? … no sé, pero sabía. A parte, el mide casi dos metros y yo tengo 1,53, como para hacerle daño”.
Desde el propio Juzgado, las peritos, pedían la ampliación de una medida que prohibiera a su ex, a acercarse a A.G. por considerarlo una persona peligrosa. Aunque finalmente se labró esta orden, su ex violó la prohibición en varias oportunidades: “Yo intenté hacer las denuncias varias veces, pero siempre alguien le avisaba, inclusive, hay un video captado desde la cámara de seguridad de un comercio; ahí se ve como él intenta tirarme la camioneta encima. Además, la casa la tenemos con una hipoteca, y yo me enteré que las cuotas de la parte que él tenía que pagar, no se pagaban hace meses. Tuve que sacar un préstamo personal para pagar la hipoteca. Mediante un comentario que hago durante una de las denuncias, yo hablo de la posibilidad de en algún momento alquilar esa parte de la casa; y dos días después, sus padres se mudan a la parte de abajo de donde yo estaba viviendo”, detalló A.G.
Como consecuencia, además de no recibir respuesta de las denuncias por malos tratos, A.G. terminó con dos niños en casa de su hermana. Al regresar a su propia casa, se encontró con que habían instalado un circuito de cámaras que su ex podía controlar desde su celular. Con autorización del Juzgado removió las cámaras de su casa. Pero sus exsuegros, le respondieron con una demanda por daños y volvieron a instalarlas, aún existiendo una intimación de parte del juez: “Me controlaban todo el tiempo, hasta cuando salía a sacar la basura. Llegaron a amenazar al marido de una amiga que estaba en casa conmigo”, afirmó A.G.
Finalmente, fue ella quien debió irse de su propia casa. Además, no puede trabajar desde el mes de junio. Desde el área de Políticas de Género, volvieron a hacer los informes que pidió el Juzgado, con los mismos resultados, que dicen que él es peligroso. Pero nada pasó.
Actualmente, A.G. está licencia psicológica, vive en casa de su hermana con los dos hijos, mientras sus exsuegros siguen viviendo en su casa, y no le permiten disponer de ella: “El Juzgado, siempre mostró la intención de que yo me fuera de la casa, a alquilar y lo lograron con todo lo que eso implica. Porque los nenes no entienden porqué están en la casa de la tía, y es muy difícil. Y yo la verdad que estoy indignada, porque no puedo ir a la Comisaría de Familia porque a él, le cuentan. No puedo confiar en el Juzgado porque tampoco ayudan”, se lamentó la mujer.
“Yo realmente, quiero que se sepa, cómo se manejan en esa Comisaría. Que me trataron de mentirosa, porque lo conocen a él. Además, la inacción del Juzgado al tratar con una víctima de violencia, que me mandan siempre a mí a buscar un alquiler, a encontrar un tasador. Yo al día de hoy estoy fuera de mi hogar, con mis exsuegros en casa, imputada por sacar las cámaras de mi propia casa. Tengo mas de 15 causas de denuncias hechas por mi ex y sus padres. La única ayuda que tuve fue de la gente de Políticas de Género, pero ni las pericias se tienen en cuenta”, concluyó A.G.
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