La Cámara alta abordó el proyecto venido en revisión que modificó la Ley 24.144, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual obtuvo 46 votos positivos y 22 negativos en su votación en general. La iniciativa circunscribe la misión primaria del organismo a preservar el valor de la moneda y modificó sus facultades regulatorias sobre los sistemas de pago, el crédito y otras actividades financieras y cambiarias. También establece la prohibición de adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para atender los servicios de la deuda pública por cuenta del Gobierno nacional.
Asimismo, modifica el régimen de reservas, el tratamiento de los activos externos, el régimen de utilidades y pérdidas y las transferencias de utilidades al Gobierno Nacional, que sólo podían destinarse a cancelar deuda pública previa recomposición del capital cuando correspondiera.
Por otra parte, el Senado trató el proyecto venido en revisión referido a la readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, la regularización de deudas eléctricas y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013, que fue aprobado con 38 votos afirmativos y 8 negativos. La iniciativa modifica el régimen de Zonas Frías y establece que el Fondo pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes. También incorpora una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.
El proyecto mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque elimina de la ley el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos y faculta al Poder Ejecutivo a determinar el alcance y las modalidades del beneficio.
Entre quienes acompañaron la reforma estuvieron los senadores fueguinos Agustín Coto y Belén Montes de Oca, ambos de La Libertad Avanza, además de legisladores del PRO y bloques provinciales.
Para Tierra del Fuego, la sanción no implica la salida del régimen ya que al igual que el resto de la Patagonia, Malargüe y la Puna, seguirá comprendida entre las regiones históricamente beneficiadas.
Sin embargo, el cambio central se encuentra en la forma de calcular la bonificación. En la actualidad, el descuento del 50% alcanza al precio del gas y también al transporte y la distribución. Con la reforma aprobada ayer se aplicará únicamente sobre el precio del gas, dejando fuera los restantes componentes.
En este sentido, si se tiene en cuenta la estructura de una factura residencial fueguina, alrededor del 68% corresponde al gas, 3% al transporte y 18% a distribución. Actualmente, cerca del 89% de la factura queda alcanzado por la bonificación.
El descuento del 50% sobre ese 89% representa una reducción efectiva cercana al 44,5% sobre el total. Al limitarse al componente gas, la bonificación efectiva bajaría a alrededor del 34%.
La diferencia permite estimar, manteniendo sin cambios los demás componentes, un aumento de alrededor del 19% sobre lo que actualmente paga un usuario residencial fueguino.
La situación será similar en el resto de la Patagonia: continuará el beneficio geográfico, pero aplicado sobre una base menor. El impacto variará según el peso del gas, transporte y distribución en las tarifas de cada jurisdicción.
El cambio más profundo alcanzará a las regiones incorporadas en 2021 por la Ley 27.637, entre ellas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Allí dejará de existir el beneficio general por ubicación geográfica.
Los hogares que pretendan mantener la asistencia deberán quedar comprendidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y cumplir los requisitos establecidos. Entre ellos se contempla un ingreso familiar de hasta tres Canastas Básicas Totales, además de condiciones específicas para determinados grupos.
También se contemplan situaciones particulares para hogares vinculados con veteranos de Malvinas, personas con discapacidad y familias inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares.
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