Ante todo expuso la “profunda congoja” de los trabajadores de ATE por la muerte de Daniel Belbey, más allá de la denuncia que pesaba sobre el dirigente, porque “la persona fallecida había sido compañero durante mucho tiempo, era afiliado de ATE y lo conocían”, dijo hoy por Radio provincia.
Ayer por la tarde la comisión directiva sacó un comunicado pidiendo respeto, “porque es un ser humano independientemente de los errores o la responsabilidad que tuvo en esta causa”, expresó el abogado de Carlos Córdoba.
Admitió que este presunto suicidio “llamó la atención porque la causa estaba en sus inicios y había sido llamado a indagatoria para mediados de mes. Tenía todas las garantías necesarias dentro del proceso para poder defenderse”, remarcó.
“Del punto de vista procesal llamó muchísimo la atención. El Dr. De Gamas Soler interviene en la causa por la muerte y estuvieron tomando declaraciones hasta muy tarde, con todas las medidas necesarias para verificar qué sucedió”, sostuvo, ante algunas dudas sobre si se trató realmente de un suicidio, un homicidio o hasta un suicidio inducido.
“La hipótesis más probable la expuso el propio abogado de Belbey, cuando dijo que estaba muy deprimido por la trascendencia pública de este hecho y lo que iba a pensar la gente a futuro, porque era una persona absolutamente reservada; también por lo que le pasó a Arana, el otro imputado en la causa, que había recibido una golpiza pocos días antes y todavía continúa en terapia intensiva en Ushuaia. Indudablemente lo que le ocurrió a Arana indica que había gente muy enojada. Habrá que esperar la investigación para ver si hay indicios y ver qué lo llevó a tomar esta medida”, dijo el Dr. Pintos.
Respecto de la estafa en sí, todavía no saben con certeza “cuántas personas fueron perjudicadas por la maniobra, pero estimó al menos veinte, en base al repentino enriquecimiento de algunos involucrados. “Los damnificados que se presentaron a declarar a ATE mencionaron Arana, en compañía de Belbey, obtuvieron dinero de ellos producto de ofrecerles un puesto en el listado de adjudicatarios de las viviendas de ATE, es decir que iban a acceder a las viviendas que se estaban construyendo. Todos los damnificados sería gente particular que no es empleada del estado ni afiliados a ATE. Ese es un punto fundamental de la maniobra, porque una persona que no es empleada del estado tal vez no tiene conocimiento de la operatoria y de los controles. La operatoria tenía que ver con un convenio entre ATE y el IPV, y al estar un organismo estatal involucrado, están los controles pertinentes y se verifican todas las condiciones en cada uno de los casos. Ninguna de esas personas podría haber accedido nunca a una vivienda por esta operatoria. Lo llamativo es que no denunciaron los propios damnificados, sino que la denuncia se genera cuando el secretario general de ATE toma conocimiento cierto de que hay una entrega de dinero para acceder a esas viviendas, por el contacto directo de una persona que se presenta en ATE. Cuando Carlos Córdoba pudo conocer que dos personas entregaron 25 mil dólares, inmediatamente hizo la denuncia para que se investigue la magnitud de la maniobra, los damnificados y responsables”, relató.
Aclaró que “la operatoria de viviendas en sí no tiene irregularidades, la maniobra era ofrecerlas a particulares que querían acceder a una solución habitacional. Hasta ahora, presentadas en el expediente, hay al menos dos personas, que fueron los primeros que mencionó el mismo Carlos Córdoba, y se presentaron a hablar en el sindicato”.
Precisó que “Arana era el responsable dentro de ATE de armar los legajos para la operatoria y en determinado momento él presentó una lista de posibles adjudicatarios, donde había nueve personas que eran particulares, no afiliados a ATE ni empleados del Estado. Ahí saltó uno de los controles y ninguna de esas personas accedió, porque no cumplía los requisitos. Así que ya tenemos ahí un listado de nueve posibles damnificados por la maniobra y dentro de ellos está la persona que dijo entregar 25 mil dólares. Suponemos que todos los demás están en la misma situación”, barajó.
“En los comentarios de pasillo se habla de más de veinte personas. De los que se presentaron uno dijo que entregó 25 mil dólares y la otra alrededor de 400 mil pesos. Si hacemos la proyección, podemos estar hablando de diez o doce millones de pesos”, estimó.
“Nos basamos para dar esta cifra en que la pareja de uno de los imputados en este último tiempo llamativamente se transformó en empresaria, con compra de maquinaria pesada, camiones y ese tipo de cosas, siendo una empleada estatal que no podría acceder a ese tipo de bienes”, dijo de la mujer de Arana, que podría quedar imputada en la causa.
“Justamente ayer me pasaron una licitación municipal donde aparece una presentación de una empresa ligada a la mujer de Arana, con maquinaria pesada para trabajar para el municipio. Es llamativo que una empleada municipal con un sueldo básico acceda a comprar maquinaria pesada. Esto lo va a investigar la justicia, porque este movimiento de dinero hace pensar en la cantidad de damnificados y el dinero involucrado en la maniobra”, explicó, en función del valor de los bienes adquiridos.
El Dr. Pintos espera que el resto de los damnificados “se presente en la causa y diga que fue estafado. Yo tengo conocimiento de al menos una que dijo que había ofrecido entre novecientos y un millón doscientos mil pesos, y todo fue sin recibo. Es muy loco que una persona otorgue ese dinero a otra sin recibo. El comerciante que entregó los 25 mil dólares explicó que le prometieron que iba a conseguir la vivienda y que no podía hacer la denuncia porque no tenía recibo. Se le explicó que la maniobra no solamente se prueba con un recibo, porque en el caso de él había llamados telefónicos, mensajes de whatsapp y él tenía cómo demostrar de dónde venía el dinero porque vendió una propiedad para poder entregar esa suma a Arana. Hay formas de probar y, de hecho, esta persona ya se presentó y declaró en la justicia. Lo que esperamos es que se presenten los otros”, pidió.
Admitió que uno de los motivos por los que no se presentan los damnificados puede estar en la presunción de pago de un soborno, “pero la causa está y si alguno quiere recuperar el dinero tiene que presentarse, porque no se tienen los datos”, insistió.
Con el fallecimiento de Belbey, ahora “hay que espera la evolución de Arana, que está en terapia intensiva, para ver si puede declarar el 21 de junio, cuando estaba prevista la indagatoria. Quizás haya que suspenderla hasta que se recupere. Arana es el único responsable hasta ahora porque desde el punto de vista penal, la acción queda extinguida respecto de Belbey porque no se puede continuar una acción en contra de una persona fallecida. El que queda como responsable es el otro imputado y las personas que eventualmente puedan surgir de la investigación. Al fallecer uno, la responsabilidad recae sobre el otro”, aseguró.
Finalmente, se lo consultó sobre los comentarios en las redes sociales contra Carlos Córdoba como partícipe de esta maniobra. Recordó que “el abogado de Belbey dejó claro que no tiene responsabilidad, más allá de que pienso lo mismo como patrocinante de Córdoba en la denuncia. Lo que hizo fue denunciar lo que llegó a su conocimiento, para dejar a salvo todo lo que tenía que ver con ATE y con él mismo. El que instala sobre el tapete lo que estaba sucediendo es Carlos Córdoba y no hay nada en el expediente que haga sospechar de él. Los controles funcionaron y por eso se pudo hacer la denuncia y quedaron etas dos personas inmediatamente excluidas de la operatoria”, concluyó.
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