Según un estudio realizado por el economista argentino Roberto Cachanosky, sobre datos oficiales del Ministerio de Hacienda del gobierno federal argentino, el aumento medio porcentual del empleo público en las diferentes provincias argentinas en el periodo 2003-2016 ha sido del 59,5%.
Entre 2003 y 2016 el empleo público por provincia aumentó casi el 60%. De 1,38 mill en 2003 pasó a 2,2 mil en 2016.
Sin embargo, un selecto grupo de provincias -entre las que se encuentra Salta- ha engordado la planta de personal del Estado en niveles muy superiores.
A la cabeza se encuentra la Provincia de Tierra de Fuego, con un aumento del empleo público en el periodo estudiado del 119,2%. Le siguen la Provincia del Chaco, con el 113%; la Provincia de Santa Cruz, con el 106,9%; la Provincia de Jujuy, con el 94,1%; la Provincia de Salta, con el 83%; la Provincia de Chubut, con el 80,3%; y la Provincia de Catamarca, con el 78,4%.
Las cifras revelan que, entre las provincias consideradas «pobres», Salta ocupa el tercer lugar, detrás del Chaco y Jujuy.
Llamativo es que, al menos en Salta, el brutal aumento de la burocracia a sueldo del Estado no ha traído aparejado ni una mejora en los servicios públicos, ni en la calidad institucional, cuyo deterioro en el periodo estudiado es evidente.
Entre 2003 y 2016 gobernaron en Salta solo dos personas (a diferencia del Chaco, que tuvo cuatro gobernadores, y de Jujuy, que tuvo tres). Sin embargo, los datos de que se disponen permiten situar la mayor parte del aumento de la burocracia improductiva de Salta durante los mandatos de Juan Manuel Urtubey, uno de los gobernadores que rápidamente ha salido a decir que no piensa reformar la economía de su provincia y que planea, al menos, mantener el volumen del empleo público.
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