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Tras recibir un informe oficial del Municipio que identifica diferencias financieras por aproximadamente $17.294 millones, los concejales del Movimiento Popular Fueguino impulsan una iniciativa para exigir al Gobierno provincial una conciliación urgente de las cuentas y un cronograma de regularización de los recursos efectivamente adeudados.

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, acompañada por los Concejales Alejandra Arce; Jonatan Bogado y Federico Runín, participaron este jueves de la Mesa de Diálogo organizada por el Municipio para constituir el Consejo Municipal de Políticas para las personas con discapacidad.

La concejal Alejandra Arce destacó la trayectoria de la religiosa y su trabajo en la prevención de adicciones. También resaltó el compromiso de la institución con la continuidad del Centro de Bienestar Papa Francisco como espacio destinado al cuidado de los adultos mayores.

El intendente de Río Grande presentó personalmente ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027. Perez remarcó que la planificación para el próximo año fue elaborada teniendo en cuenta las dificultades que atraviesan las familias, la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la demanda sobre los servicios municipales. El proyecto propone aliviar la carga tributaria, facilitar el desendeudamiento y sostener la inversión en salud, obra pública, asistencia social y servicios esenciales.

El jefe comunal se presentó ante el Concejo Deliberante junto a parte de su equipo para exponer los principales lineamientos, desafíos y proyecciones de la administración municipal para el próximo año.

Se trata de un proyecto que impulsó la concejala Alejandra Arce del bloque Provincia Grande. Dicha ordenanza fue aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y establece la modificación de la Ordenanza N° 2585/2008, creando el Consejo Municipal de Políticas para las Personas con Discapacidad, como órgano encargado de proponer, coordinar, evaluar y asesorar el desarrollo de políticas públicas destinadas a esta población, garantizando la participación ciudadana y el acceso a su representación efectiva en los temas que le concierne.