A diferencia de lo que ocurre frecuentemente, este mes las fábricas de Tierra del Fuego dispusieron, en virtud de la situación económica general, retrasar el pago de sueldos: en vez de abonar (en general) los sueldos el último día del mes de marzo, utilizaron los plazos que le brinda la ley para estirar la liquidación hasta el quinto día hábil, que vence este lunes.
Sin embargo, esta demora no es la preocupación más importante que tienen los metalúrgicos y supervisores; la incertidumbre es el conflicto más urgente. Aún no saben cuánto van a cobrar y si se les realizarán recortes en el salario.
Los gremios del sector ya fueron informados de forma extraoficial por los representantes de AFARTE sobre esta decisión unilateral: habrá recortes del 30% en la liquidación de los operarios y personal jerárquico. Incluso, la firma Fapesa ya se lo informó a los empleados de forma oficial.
Tanto la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) ya preparan medidas legales ante lo que puede significar un nuevo avasallamiento por parte de las empresas radicadas en el polo fueguino.
Las fábricas buscan ampararse en los grises legales existentes gracias a los últimos acuerdos alcanzados y que, además de congelar salarios hasta junio de 2020, habilitan recortes en caso de suspensión, siempre garantizando un cobro mínimo del 70% del sueldo habitual.
Lo que por ahora desconocen al intentar esta maniobra es que está en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno nacional a través del número 297, que contempla a todos los trabajadores del sector privado y garantiza «el goce íntegro de haberes».
Las que siguen hasta el lunes son horas de incertidumbre para los operarios que ven como, otra vez, el hilo se corta por lo más fino y son ellos los que deben costear este parate económico.
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